Perú no procesará al ex presidente Alberto Fujimori y su gabinete por una campaña de esterilización
que fue parte de un programa de control de la natalidad en la década de
1990, dijo la oficina del fiscal del país el viernes en un comunicado.
El Fiscal Marco Guzmán concluyó que el gobierno de Fujimori no había cometido crímenes contra la humanidad durante la campaña llevada a cabo en una región rural del país. Aunque varios grupos de derechos humanos y las víctimas discrepan de la decisión del fiscal.
Alegan que la esterilización se le practicó forzosamente a más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Fujimori, en un intento de reducir la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad.
Algunas mujeres aseguraron que se les hizo una ligadura de trompas sin su conocimiento o consentimiento.
En aquel momento, alrededor de 300.000 mujeres participaron voluntariamente en la campaña de control de la natalidad, según alegaron los grupos de derechos humanos y funcionarios del gobierno.
El papel del Estado en los posibles abusos relacionados con la campaña consistió en la creación de un sistema de cuotas impuesto a los médicos y enfermeras para esterilizar al menos a tres mujeres al mes, dijo el abogado de derechos humanos de Perú Rossy Salazar en 2011.
La investigación inicial sobre las denuncias de esterilización forzada fue archivado en 2009, pero volvió a abrirse de nuevo en 2011.
Fujimori, quien presidió Perú de 1990 a 2000, se encuentra actualmente cumpliendo cuatro penas concurrentes por corrupción y abusos contra los derechos humanos. La más largo es de 25 años.
El Fiscal Marco Guzmán concluyó que el gobierno de Fujimori no había cometido crímenes contra la humanidad durante la campaña llevada a cabo en una región rural del país. Aunque varios grupos de derechos humanos y las víctimas discrepan de la decisión del fiscal.
Alegan que la esterilización se le practicó forzosamente a más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Fujimori, en un intento de reducir la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad.
Algunas mujeres aseguraron que se les hizo una ligadura de trompas sin su conocimiento o consentimiento.
En aquel momento, alrededor de 300.000 mujeres participaron voluntariamente en la campaña de control de la natalidad, según alegaron los grupos de derechos humanos y funcionarios del gobierno.
El papel del Estado en los posibles abusos relacionados con la campaña consistió en la creación de un sistema de cuotas impuesto a los médicos y enfermeras para esterilizar al menos a tres mujeres al mes, dijo el abogado de derechos humanos de Perú Rossy Salazar en 2011.
La investigación inicial sobre las denuncias de esterilización forzada fue archivado en 2009, pero volvió a abrirse de nuevo en 2011.
Fujimori, quien presidió Perú de 1990 a 2000, se encuentra actualmente cumpliendo cuatro penas concurrentes por corrupción y abusos contra los derechos humanos. La más largo es de 25 años.
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